El proyecto que se votó el jueves en el Senado nacional fortalece la protección hacia los llamados «asentamientos» o «villas» de la provincia y el país. La propuesta fue sancionada por mayoría abrumadora, con votos de todos los bloques. Detalles e implicancias para Mendoza
El Senado de la Nación aprobó en la noche de este jueves la modificación de la «Ley de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana». El cambio afectará a más de 300 barrios populares de Mendoza y evitará los desalojos por los próximos 10 años.
Los datos más recientes indican que en la provincia hay 317 barrios populares. La ley incorpora bajo esa definición a las denominadas «villas, asentamientos y urbanizaciones informales».
Ahora, la normativa que modifica a la ley 27.453 -cosechó 64 votos a favor y uno en contra- impedirá que durante la próxima década se puedan llevar a cabo desalojos judiciales de los terrenos en los que se hayan ubicado esas personas.
Un largo camino a casa
Laura Martínez, abogada e integrante de la Mesa Provincial de Barrios Populares, consideró que la novedad representa una mejora pero «sigue siendo un parche».
«A lo que hay que apuntar para terminar con la incertidumbre de miles de mendocinos es a la regularización de los dominios», recalcó.
Martínez aseveró que ese camino hacia los títulos de propiedad de los terrenos no es sencillo. «Lo que pasa es que, siendo sinceros, si se intenta que regularicen por los modos ordinarios los vecinos entran en una serie de trámites que por diferentes razones les resultan muy complejos».
Y continuó: «Si, por ejemplo, optan por lograr la escrituración a través de una prescripción adquisitiva, las idas y vueltas son muchísimas y el inconveniente no se termina de resolver».
No es cómodo vivir en barrios sin servicios básicos. Martínez aportó. «En Mendoza tenemos algunos lugares donde habitan más de 100 familias que reciben el agua en camiones y se la llevan con bidones. Es realmente algo que tenemos que abordar».
Los otros cambios que prevé la ley
En efecto, la nueva ley aprobada en el Congreso Nacional promueve el acceso a los servicios: se aplicará una tarifa social en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), solicitando que las distribuidoras se pongan a tono con esos usuarios en cuanto a las exigencias que se piden para darlos de alta.
Está claro, sin ir más lejos, que no todos los habitantes pueden pagar una conexión de cloacas como la que se solicita para dar de alta a un cliente. Algo similar ocurre con el resto de los servicios.
Además, la norma declara la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios del país, lo que suma otra barrera de protección legal.
En otro punto, se declara la «emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental» en los barrios populares por el plazo de dos años y se incorpora la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
Lo que dijeron los legisladores en el Congreso
La vicejefa del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (PJ), destacó que la ley que se trató el jueves “surgió de las organizaciones en los barrios” que fue “muy militada, consensuada y luchada en las calles”.
“La política escuchó ese reclamo, y esa ley salió. Lo bueno es que pasaron dos gobiernos de distintos signos políticos y estamos juntos generando certezas”, opinó.
A su turno, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), enfatizó que “hay cinco millones de argentinos que viven en vulnerabilidad extrema” e indicó que “esto demuestra lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”.
“Y el problema es cuando esto se naturaliza. En la medida en que naturalicemos eso, el lugar de nacimiento condiciona la potencialidad de las personas”, insistió Naidenoff.
La única senadora que votó contra la medida fue la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO).
Impacto local
En Mendoza el tema de las viviendas más vulnerables viene generando noticias desde hace mucho.
Se está analizando la creación de un «Comité provincial para la integración Socio Urbana de Barrios Populares», donde estarían entre otras entidades la Mesa Provincial y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), a quienes se sumarían miembros del Gobierno, el IPV, el Poder Legislativo y la Sociedad Civil.
La medida sería una respuesta a las quejas respecto a las barreras para cumplir las regulaciones nacionales sobre barrios populares en la provincia. Después de su aprobación con modificaciones en Diputados, el proyecto de conformar el mencionado comité volvió al Senado provincial. Y allí está todavía.
Mientras, en Mendoza ya hay 35 convenios firmados entre la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación y organizaciones sociales para realizar distintas obras en las que son las propias organizaciones las entidades ejecutoras.
El IPV, a su vez, tiene convenios en Luján, Capital y Malargüe para mejorar las condiciones de los barrios pobres; aunque se sabe que hay otros departamentos que no han hecho gestiones para avanzar con esos acuerdos que incluyen obras en barrios populares y que incluso pueden abrir las puertas para conseguir financiamiento internacional.
A qué se considera «barrios populares»
Deben ser un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenten con título de propiedad del suelo ni acceso formal de dos servicios básicos (luz, agua, cloaca).
De acuerdo con fuentes de la Mesa Provincial de Barrios Populares, entre diciembre de 2018 y junio de 2022 se sumaron en Mendoza 70 barrios de este tipo, es decir un 28,3% más. Se calcula que «son cerca de 17.039 familias, casi 15 % de la población».
Y entre las concentraciones más grandes están Colonia Hípica (Malargüe, 561 familias), Portal del Algarrobal (Las Heras, 495 familias), el Loteo La Celia (San Carlos, 462 familias), el barrio Grilli, de Corralitos (Guaymallén, 440 familias), Estación Espejo (Las Heras, 363 familias), el Olivares (Capital, 308 familias) e Isla Río Diamante y El Molino, que son de San Rafael y entre las dos suman 1200 familias.
Cuando se iniciaron los registros, Luján de Cuyo era uno de los departamentos con más casas precarias. No obstante, con el correr del tiempo -y algunas políticas municipales de por medio- el eje del fenómeno se desplazó a otros departamentos del Gran Mendoza.
En la cobertura mediática suele asociarse a los barrios populares con el «fantasma» de las usurpaciones. Desde la Mesa Provincial, Martínez aclara: «la mayoría de estos barrios se ubicaron en zonas abandonadas y en otros casos la gente compró las propiedades pero fue estafada».
La continuidad, un factor fundamental
El proyecto aprobado el jueves en el Senado se eslabona dentro de una política de Estado que comenzó en 2016 -durante la gestión de Cambiemos- y tuvo una continuidad poco habitual en otros ámbitos de la política.
Desde aquel momento, se procuró mejorar la forma en que se registran la ubicación y las condiciones de las barriadas populares del país, aunque -desde luego- aún quedan temas pendientes: en Argentina hay más de 5.000 «asentamientos» de esta clase.
Así, se creó el registro y se comenzó a otorgar un certificado de viviendas familiares, que otorga el derecho a acceder a los servicios públicos. A ello se le agrega un fideicomiso que cuenta con los aportes del «Impuesto a la Riqueza» y el «Impuesto País».
Fuente: diariouno.com.ar