Asesores legales del Gobierno remarcaron los «puntos flojos» de la demanda en la que se pide el desalojo del proyecto pensado para crear en Malargüe el mayor centro de esquí de Sudamérica
El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, confirmó este martes que el Gobierno no ha recibido notificación alguna ni acción judicial por la demanda de desalojo que inició la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) contra los socios de El Azufre, que desarrollan un exclusivo centro de esquí en Malargüe, para el cual la gestión provincial le asignó precariamente 12.000 hectáreas.
Al ser consultado sobre la demanda que recayó en el Juzgado Federal de San Rafael, Ibañez remarcó que la asignación hecha por la provincia está permitida por «la ley de fronteras y por el convenio celebrado por el ex gobernador Octavio Bordón y la Nación en los ’90. Ese convenio perseguía poblar la zona o generar desarrollo turístico y establece la posibilidad de hacer una asignación precaria para que se desarrolle un proyecto y eventualmente si eso tiene viabilidad y se desarrolla se tendrá que hacer un estudio de impacto ambiental».
De fondo lo que resaltan en el Gobierno es que la demanda de desalojo que presentó la ABBE tiene algunas incoherencias que hacen sospechar que se trata más de una disputa político partidaria que una defensa del territorio nacional.
De muestra recuerdan aquella carta que Martín Cosentino, el ex titular de ABBE, le envió a Rodolfo Suarez, en febrero, en la que detallaba una serie de argumentos para oponerse a la asignación de 12.000 hectáreas a El Azufre. «Esa carta no era vinculante, sólo fue una expresión de un sector del PJ, más vinculada al kirchnerismo que sólo sirvió para albergar títulos», remarcan en el gobierno mendocino.
Para los demandantes, los impulsores de El Azufre son unos intrusos y lo sostienen argumentando que la asignación de la tierra por parte del Gobierno local fue ilegal.
Sin embargo, para los asesores del Gobierno de Mendoza tal afirmación tiene “puntos flojos”.
«Si ellos basan el desalojo en esa supuesta ilegalidad, deberían haber hecho una acción contra el Gobierno que es quien asignó precariamente esos terrenos y eso hasta ahora no ha sucedido. Al Gobierno no llegó absolutamente nada, porque de fondo saben que la asignación cumple con los requisitos legales, y por tanto no cuestionan nada judicialmente. La incoherencia legal está en pedir un desalojo por una supuesta ilegalidad que no cuestionan legalmente», puntualizan aquellos asesores.
Los argumentos de la demanda contra El Azufre
El expediente FMZ 035004/2022 de aquella demanda que ingresó en el Juzgado Federal de San Rafael el pasado 4 de octubre se encuentra en despacho y tiene como partes enfrentadas a la AABE y a El Azufre S.A. En ella el fiscal a cargo es el doctor Ignacio Ariel Sabas.
La argumentación consta de dos pilares: por un lado, aquella presunta ilegalidad en la asignación de las tierras, y por otro, se cuestionan los derechos de los puesteros de la zona, que terminaron cediéndolos a los socios del El Azufre.
Sobre la presunta ilegalidad, la demanda argumenta que la asignación no fue confirmada a la autoridad nacional correspondiente, a pesar de que el propio decreto provincial así lo preveía.
En cuanto a los puesteros, la ABBE entiende que de los dos hombres que cedieron derechos de ocupación en favor de El Azufre, uno de ellos no pudo comprobar ante la Justicia ser poseedor del tal derecho y el segundo podría correr la misma suerte.
Una óptima temporada y el trámite pendiente
Desde que El Azufre abrió sus puertas en Campo Potreros de Cordillera, a 3.200 metros de altura, convivieron dos objetivos para la empresa: por un lado, lo que llamaron «turismo experimental», que sirvió para testear las pistas, para conocer cuál es la experiencia que se llevan los turistas y qué es lo que vienen a buscar en Mendoza.
Y por otro, avanzar con el estudio de impacto ambiental que llevan adelante los técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo.
En ese andar de la temporada, en su versión «boutique», el complejo de esquí de aventura recibió a turistas de Alemania, Canadá, Estados Unidos e Indonesia, todos expertos del mundo de la nieve.
El Azufre se pudo armar con personal aéreo, de montaña, de base en Los Molles y en Malargüe. Trabajaron hasta octubre maquinistas, guías de montaña, mucamas, cocineros y personal de mantenimiento. Unas 50 personas en el área operativa para que la experiencia resultara positiva.
En lo que resta del año, el foco estará puesto en terminar el estudio de impacto ambiental que la empresa necesita presentar en el expediente que se lleva en el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.
Fuente: diariouno.com.ar