El debate minero sobre el planteo que hace Malargüe no será muy cordial, ya que los sectores “anti mineros” se anticipan y dicen enfáticamente que la legislación vigente no puede ser desguazada a favor de algunas zonas de la provincia. El gobernador pretendió destacar en el Consejo de las Américas, el llamado “modo Mendoza” de gestión, definición con la que se pretende poner de manifiesto una forma diferente de encarar políticas públicas en la provincia.
Nuestro gobernador Rodolfo Suárez expuso sobre Mendoza ante el selecto auditorio del Consejo de las Américas. Una muy buena oportunidad para el político y el gestor, no sólo por el ámbito; son pocos los gobernadores llamados a dicha cita.
Además, el momento del encuentro no dejó de ser especial: un nuevo ministro de Economía de la Nación con fluidos contactos con el Norte empresario e inversor y con el desafío de buscar salidas a la decadente y abismal crisis económica que gestaron casi tres años de la nueva etapa kirchnerista en el poder.
Sorprendió bastante Suárez por el contenido de su exposición en Buenos Aires en lo referido a la actividad minera, un tema cerrado luego del traspié inicial de su gobierno en el intento de reforma de la estricta legislación vigente aquí.
Si bien puso de manifiesto la importancia de tener en el sur provincial uno de los más importantes yacimientos de potasio del planeta, mina para la cual la Provincia busca el mejor socio inversor posible, al aludir a la anhelada ampliación de la matriz productiva provincial el jefe del Ejecutivo no pudo dejar de referirse al contraste que significó no poder imponer en aquel diciembre de 2019 la legislación capaz de destrabar la llegada de inversiones mineras de porte.
Es que en aquel tramo inaugural de su gestión Suárez vio cómo en menos de una semana un logro político, aunque de ningún modo logro social, se transformó, precisamente, en una embestida popular muy contundente contra sus primeros pasos de gestión.
En aquel momento se especuló con un problema grande de asesoramiento. El tiempo no hizo variar dicha percepción. El éxito electoral que lo llevó a la Gobernación no le garantizaba a Suárez el pasaporte a una reforma que quedó trunca, entre otros aspectos, porque dentro del mismo frente oficialista hubo voluntades firmes en lo referido al cuidado del agua, como la del diputado Jorge Difonso, principal inspirador de la ley minera que rige en Mendoza. Un socio político en Cambia Mendoza con el que Suárez mantiene distancia desde aquel momento.
Fue el de ese entonces un diagnóstico totalmente equivocado sobre el escenario que se hallaría para movilizar una nueva ley minera. Hubo en aquella oportunidad recursos políticos tardíos por parte del Ejecutivo para intentar calmar la tensión, lo que llevó al justicialismo a realizar un rapidísimo viraje, apartándose del apoyo dado previamente al ver la fuerte reacción de la gente.
Ni siquiera quedó el soporte que en una primera instancia había dado el gobierno de Alberto Fernández a la explotación minera local. Mendoza terminó siendo un banco de pruebas sobre la minería a nivel nacional con costo político mayormente para el gobierno de Suárez.
Por la experiencia vivida, un mérito posterior del mandatario provincial fue respetar la evidente falta de consenso social por la minería metalífera. Fue así como decidió enfriar cualquier discusión al respecto. Tema cerrado para lo que resta de su gestión, dio a entender siempre. Que se haga cargo el que lo suceda, tal vez quiso expresar. Sin embargo, en los últimos meses el tema volvió a ser conversado en los ámbitos de poder provincial en gran medida por el fuerte reclamo de la comunidad de Malargüe, que vio caer la obra de Portezuelo del Viento y que, por las características de su suelo, se encuentra en desventaja con respecto a la base agrícola del resto de Mendoza.
De todos modos, quienes frecuentan al Gobernador dicen dar testimonio de que “no hay un esquema de salida” para la posibilidad de hacer minería por afuera de la ley 7722. Es algo que también citó Suárez en su reciente mensaje ante los inversores estadounidenses.
De esa manera queda perfectamente claro que no se contempla desde el Ejecutivo provincial intentar nuevamente una reforma de la ley vigente. Sí queda a la expectativa el impulso de un proyecto de ley desde Malargüe para que ese departamento pueda desarrollar, excepcionalmente, las actividades que prohíbe la 7.722 y Potasio Río colorado, que se mueve dentro del margen de la ley vigente y que Suárez se encargó de rescatar como uno de los más grandes objetivos de su gestión en el tiempo que a ésta le queda.
De todos modos, el debate sobre el planteo que hace Malargüe no será muy cordial, ya que los sectores “anti mineros” se anticipan y dicen enfáticamente que la legislación vigente no puede ser “desguazada” a favor de algunas zonas de la provincia. En ese caso, otro desafío para la decisión de Suárez de no mover más un dedo por lo que no tenga el mayor respaldo ciudadano posible. Esto, pese a estar claramente a favor del reclamo de la sociedad sureña.
LA REFORMA, OTRO CONTRASTE
También se refirió el mandatario mendocino en su disertación a su por ahora frustrada intención de pasar a la historia como el gobernante que logró reformar la Constitución de la Provincia y, a la vez, conseguir que la política reduzca supuestamente su cuota en el gasto del Estado mediante la reducción de una cámara en la Legislatura y la eliminación de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Suárez sabe bien que en este punto no cuenta con el apoyo del justicialismo por una cuestión estratégica de la oposición, pero también es consciente de que hay resistencia interna, hasta en su partido, entre quienes defienden la bicameralidad y, a la vez, consideran que con una elección legislativa cada cuatro años la única cámara sobreviviente puede llegar a convertirse en una suerte de escribanía del Ejecutivo.
Sí insisten desde el Gobierno para que se vote en la Legislatura sobre la posibilidad de reforma constitucional. Será para perder, se alarman muchos en el oficialismo local. Sí, tal vez, pero también para que el gobierno de Suárez pueda dejar en evidencia qué sectores partidarios le dieron la espalda en otro asunto que también fue bastante compartido en la campaña electoral de 2019.
Otras iniciativas previstas en la reforma, como el llamado rango constitucional para el equilibrio fiscal o mejoras en el estatus de los municipios, de ninguna manera deberían tener la negativa del pleno de la Legislatura.
De todos modos, no se puede asegurar que con esta suerte de catarsis por los proyectos frustrados Suárez le haya puesto ya punto final anticipado a su derrotero de cuatro años. Está dispuesto, con sus colaboradores, a acomodar el tema de la deuda de la Provincia para el año próximo y a endurecer posiciones a raíz de los planes de contingencia que probablemente deba aplicar a raíz de la difícil coyuntura económica reinante, que costará mucho erradicar.
El Gobernador pretendió destacar ante quienes lo escucharon el llamado “modo Mendoza” de gestión, definición con la que se pretende poner de manifiesto una forma diferente de encarar políticas públicas en la provincia, como, por ejemplo, no hablar de planes sino de programas sociales, o poner sobre el tapete el caso de la detención de un dirigente gremial por cortes reiterados de calles y accesos, pero siempre como un ejemplo de respeto de la autoridad al principio de convivencia ciudadana.
Pero también hizo una suerte de catarsis ante quienes lo escucharon al explicar su decepción por no haber podido avanzar con reformas que la provincia puede necesitar, pero que requieren de una calidad de hacer política que también merece ser ajustada ante cada circunstancia.
fuente Diario Los Andes